Salta, Tucumán y Córdoba consideran que la medida no resolverá el problema de la delincuencia juvenil.Se oponen, en principio, al intento del Gobierno para modificar el régimen penal. Piden discusión más amplia de la que participen todas las provincias
La decisión del Gobierno de abrir el debate para bajar la edad de imputabilidad de los menores no logró -hasta ahora- el acompañamiento de los gobernadores, cuya postura terminará siendo determinante una vez que la iniciativa llegue al Congreso para su discusión, algo que recién podría ocurrir el próximo año.
El primero en rechazar la idea fue el salteño Juan Manuel Urtubey. De paso por su provincia (alterna sus vacaciones entre la gestión y las playas de Punta del Este), consideró que “no es correcto bajar la edad de imputabilidad. Lo que hay que hacer es establecer un régimen especial para menores”. En ese sentido, el gobernador aseguró que un menor no debe tener el mismo trato que una persona de 40 años.
Sin embargo, Urtubey celebró la decisión del Gobierno de abrir una discusión en torno de qué hacer desde la Justicia para contener el creciente número de menores que delinquen. “Está bueno que esto se haya planteado en la Argentina, hay que discutir las cosas. Ahí veremos cuál es la mejor forma de hacerlo porque no hay absolutamente ninguna norma que legisle sobre este tema”, concluyó.
Por su parte, el ministro de Justicia de Córdoba, Luis Angulo, sostuvo que la baja de la edad de imputabildad “no colabora a solucionar el problema de la inseguridad”.
“Personalmente no estoy de acuerdo con que se baje la edad de imputabilidad”, señaló el funcionario del Gobierno de Juan Schiaretti en declaraciones a la FM 102.3 de la Universidad Nacional de Córdoba.
Señaló, además, que este “es un tema muy complejo que exige un profundo debate por parte de los expertos. A mi criterio no resuelve el problema de la inseguridad, estoy convencido de que la madre de la inseguridad es la exclusión social y hay que trabajar esencialmente sobre eso”.
Angulo indicó que los jóvenes que se encuentran en conflicto con la ley penal son, “en su gran mayoría, jóvenes que provienen de la exclusión y de la inequidad social”. Y advirtió que la prioridad es “remover esas causas a través de una política nacional donde se encuentren incluidas todas las provincias para discutir y establecer un programa claro que tienda a remover los obstáculos en relación a los flagelos de las drogas, la indigencia y la pobreza”.
También desde Tucumán, uno de los distritos más castigados por el aumento de delitos cometidos por menores, sentaron su postura sobre el tema. El secretario de Seguridad Ciudadana, Paul Hofer, cree que la medida puede terminar siendo contraproducente. Según su opinión, lo que necesitan los jóvenes no es la cárcel sino educación y contención. Además, aclaró que si el proyecto llegara a aprobarse en el Congreso, podría agravar la problemática de los adolescentes que delinquen, ya que hubo experiencias similares que fueron “desastrosas”.
“Hay estudios científicos realizados en los Estados Unidos que dicen que el encierro antes de los 18 no contribuye a la seguridad pública. Por el contrario, aseguran que sólo se logra agravar el sentido de no pertenencia de los jóvenes. Por otro lado están los tratados internacionales a los que adhirió la Argentina, que tienen rango constitucional. Estamos hablando de argumentos científicos y jurídicos que irían en contra de la iniciativa”, manifestó el funcionario del Gobierno de Juan Manzur en declaraciones al diario La Gaceta.
Desde el ámbito de la Justicia, el juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Arias, criticó la propuesta y afirmó que “con medidas represivas no se solucionan los problemas”.
“Hay una enorme desatención de la juventud. Nos acordamos de los pibes solamente cuando portan un arma y cometen un delito. Hay enormes situaciones de abandono y, encima, ante cada elección, aparecen medidas de este tipo”, afirmó Arias.
